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Jueves, 10 de Junio de 2010 09:52

Llega la austeridad al gasto público

por  José I. Cases Comyn

La situación de las arcas públicas, como todo el mundo sabe a estas alturas, es más que complicada, no solo en España, sino en prácticamente todos los países occidentales. Los ingresos se han reducido drásticamente y los gastos deben adecuarse a la nueva situación; lo cual es difícil, dados los servicios que se prestan desde las AA. PP., los compromisos adquiridos, etc.

En estos momentos iniciales de los recortes, cuando los Gobiernos de España, Reino Unido, Alemania, etc. anuncian rebajas del gasto público más o menos sustanciales, creo oportuno hacer esta reflexión sobre la optimización del gasto público: ¿podrá el Estado seguir alcanzando los mismos objetivos que ahora, con un menor gasto?

En nuestra opinión, fundada en el trabajo con el sector público para la implantación de sus políticas, creemos que sí; aunque, desde luego, no es tarea fácil.

Para conseguirlo, junto con la política de recorte del gasto habría que implantar en las AA. PP. una política de análisis del gasto y de transparencia en el mismo. Las cantidades de recursos que se manejan son enormes; incontrolables si no es con una institucionalización definitiva del análisis y la transparencia.

Institucionalizar el análisis del gasto se puede conseguir con prácticas con los Star Chamber, que acaba de anunciar el Gobierno inglés. Se trata de un tribunal compuesto por altos puestos de la AA. PP. y personas de la sociedad civil al que todo gestor público deberá someter para su aprobación los planes, programas y proyectos que quiera llevar a cabo. Esto les obligará a estudiar y a demostrar el impacto real de los proyectos y la relación entre el coste y el beneficio. En definitiva, a realizar evaluaciones ex ante de las actuaciones que se van a realizar.

En cuanto a la transparencia, su importancia está en el aprendizaje a través del conocimiento de los resultados e impactos. Al concluir —o en el intermedio— de cualquier plan, programa o proyecto, deberían de extraerse enseñanzas sobre la gestión, los resultados e impactos del mismo. En definitiva, evaluar dicha actuación. Los resultados de la evaluación, además de ilustrar al sector público para la toma de decisiones futuras, deberían ser de dominio público, dotando de transparencia a la gestión de los recursos de todos.

Junto a la importancia de la evaluación, y en cuanto a la transparencia, destaca también otra medida adoptada por el nuevo Gobierno de Reino Unido: hacer participar a la sociedad civil en la toma de decisiones, a través de procesos abiertos en el diseño del planes, programas y proyectos. La responsabilidad en la toma de decisiones sobre el gasto debe de ser una decisión más colectiva de lo que lo es ahora.

Concluyendo, aquellos países o regiones que junto con el recorte del gasto sepan implantar planes de optimización de los recursos —con análisis del gasto y transparencia— ganarán en eficiencia y podrán mantener el impacto de sus actuaciones. Aquellas que simplemente recorten gasto público, manteniendo las prácticas tradicionales en la toma de decisiones, probablemente recorten también los resultados de sus políticas.